8. LAS ACCIONES PRIORITARIAS
8.1. La gestión integrada
del agua
8.2. La gestión integrada y
sostenible del litoral
8.3. La lucha contra la
desertización
8.4. La protección de la
biodiversidad
8.5. El turismo sostenible
en la cuenca mediterránea
8.6. La gestión de
residuos
8.7. Otras acciones
necesarias: la energía, el transporte, la contaminación
atmosférica, los bosques, los incendios, etc.
8.1. La gestión integrada del agua
En la región mediterránea hay agua suficiente para cubrir las demandas si se realiza una gestión integrada de acuerdo con un modelo de desarrollo sostenible. Es necesaria una política que fomente el ahorro, disminuya las pérdidas, racionalice las demandas y actúe contra la contaminación. Una gestión integrada debería poner de acuerdo a sectores, colectivos, instituciones e incluso países diferentes y movilizarlos en planes comunes. Una gestión sostenible debería valorar les reservas y los recursos existentes y evitar a toda costa que el crecimiento de las demandas implique una pérdida del recurso por sobreexplotación o contaminación. Es necesario unir la gestión integrada del agua a la lucha contra la desertización y a la protección de la capa vegetal.
Las acciones prioritarias a realizar para conseguir una gestión integrada y sostenible del agua, según las ONG del Mediterráneo, serían:
1. Disponer de una estrategia común sobre el agua que afecte al conjunto de la cuenca mediterránea y permita el uso racional de los recursos existentes, un reparto solidario y sostenible del agua disponible y evite las confrontaciones por su utilización. Esta estrategia común podría tomar como base la Declaración de Marsella y las conclusiones del grupo de trabajo de la Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible (CMDS) y concretarse antes del año 2000 en un futuro Protocolo sobre la gestión integrada y sostenible del agua en la cuenca mediterránea vinculado al Convenio de Barcelona para la protección del Mediterráneo de Naciones Unidas.
2. Establecer en la cuenca mediterránea una gestión integrada del agua dentro de un modelo de desarrollo sostenible. Para ello se establecerán antes del año 2002 Planes Hidrológicos Nacionales y de cuenca hidrográfica donde se contemplen fundamentalmente: los recursos hídricos existentes; la garantía del funcionamiento de los ecosistemas dependientes; la satisfacción de las demandas de acuerdo con criterios de prelación que permitan un funcionamiento sostenible del sistema; el fomento de criterios de ahorro, eficacia, prevención y protección del agua y de los recursos que la sustentan.
3. Fijar en la cuenca mediterránea un conjunto de indicadores de sostenibilidad en el uso del agua. Estos indicadores deberán reflejar sostenibilidad en:
- el medio de dónde se extrae el recurso,
- la demanda del recurso,
- la gestión y el precio del recurso, y
- el medio receptor de las aguas residuales.
Estos indicadores deberán estar referidos a un objetivo concreto propuesto para alcanzar la sostenibilidad. Los indicadores deberían poder expresar cuantitativamente el aumento o la disminución de la distancia hasta el objetivo propuesto.
4. Adaptar a las aguas continentales de origen fluvial o lagunar las exigencias contra los vertidos de sustancias contaminantes referidos a las aguas marinas contenidas en el Convenio de Washington sobre el Programa Mundial de acción para la protección del medio marino frente a actividades realizadas en tierra (PNUMA 1995) y en el Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación causada por fuentes y actividades situadas en tierra del Convenio de Barcelona, estableciendo un plan nacional para la reducción/eliminación de los contaminantes prioritarios.
5. Elaborar planes de acción nacionales, programas y calendarios «para eliminar progresivamente los aportes de sustancias tóxicas persistentes y bioacumulativas», tal como se fija en el articulo 5º del Protocolo sobre fuentes y actividades realizadas en tierra del Convenio de Barcelona (PNUMA 1996) y de acuerdo con el Programa de Acción Estratégico sobre la lucha contra la contaminación causada por actividades en tierra aprobado por el Plan de Acción para el Mediterráneo (PAM). Por tanto consideramos que debe exigirse a los países firmantes del Protocolo la presentación inmediata de dichos planes, programas y calendarios estableciendo fechas concretas para el cumplimiento de los compromisos contenidos en el mencionado programa.
6. Eliminar el vertido de las aguas residuales al mar de forma progresiva, teniendo como fecha final el año 2025, tal como plantea el Programa de Acción Estratégico sobre la lucha contra la contaminación causada por actividades en tierra aprobado por el Plan de Acción para el Mediterráneo (PAM) en su décima reunión (Túnez 18-21 de noviembre de 1997). Esta obligación se extenderá a las zonas terrestres fluviales. La aplicación progresiva de esta política por lo que se refiere a los estados mediterráneos pertenecientes a la Unión Europea implicará la eliminación del vertido de aguas residuales en ciudades de más de 15.000 habitantes o equivalente antes del 2000; para las de más de 10.000 habitantes antes del 2005; y también para las ciudades de más de 2.000 cuando viertan a aguas dulces o estuarios. El resto de ciudades de los Estados mediterráneos que no pertenecen a la Unión Europea habrán de eliminar sus vertidos antes del 2005 para las ciudades de más de 100.000 habitantes, como obliga el Programa del PAM, antes mencionado, y para el año 2010 las ciudades de más de 50.000 habitantes dispondrán de sistemas de depuración adecuados. Todas las ciudades del Mediterráneo dispondrán de un sistema adecuado de depuración de sus aguas residuales antes del 2025 como se dispone en el Programa antes mencionado. Los Estados establecerán los planes y calendarios para dar cumplimiento a estos compromisos que habrán de hacer públicos antes del año 2000.
7. Implementar progresivamente el «cese de emisiones de descargas y pérdidas de sustancias peligrosas antes del 2020 quedando los niveles cercanos al estado natural y próximos a cero para todas las sustancias antrópicas sintéticas», de acuerdo con la Declaración de Esberg para el Mar del Norte (IV Conferencia para el Mar del Norte, 1995). La emisión cero de sustancias peligrosas debe ser incorporada en los planes y programas nacionales de los países mediterráneos por lo que se refiere a las aguas marinas.
8. Establecer un plan para luchar contra contaminación por fuente difusa, fundamentalmente la proveniente de los abonos químicos —nitratos— y biocidas. Dicha contaminación difusa puede considerarse la más grave en zonas con sobreexplotación de acuíferos, especialmente en los países del sur mediterráneo.
9. Promover entre los ciudadanos, las administraciones y los agentes económicos la necesidad de una gestión integrada y sostenible del agua mediante campañas de sensibilización y proyectos de educación sobre el uso racional de este recurso imprescindible para cualquier forma de vida. Las ONG realizaremos programas donde se ponga de manifiesto la necesidad de la gestión integrada y sostenible del agua, revalorizando el ahorro y la lucha contra el despilfarro, la necesidad de evitar las pérdidas en el abastecimiento y en las canalizaciones de riego y de luchar contra la contaminación.
10.Impulsar políticas de financiación que tiendan a que el precio del agua recoja los costes reales, incluyendo los costes ambientales y de agotamiento del recurso, así como el despilfarro agrícola y la contaminación industrial. Estas políticas fiscales deben contemplar la satisfacción de las necesidades mínimas de uso de boca para la población de forma gratuita y establecer una gradación en función de las posibilidades generales.
11.Establecer planes de solidaridad por parte de la comunidad internacional con los países del sur y del este del Mediterráneo que tienen riesgo de padecer penuria por falta de agua. Estos países deben presentar planes nacionales de gestión integrada de sus recursos hídricos con medidas concretas susceptibles de recibir apoyo de la comunidad internacional.
12.Apoyar desde las ONG las recomendaciones de la Comisión Mediterránea de Desarrolo Sostenible (CMDS), de la que formamos parte, respecto a la demanda de agua y fundamentalmente en lo que se refiere a:
- Evitar a toda costa carencias en el uso de boca del agua, priorizándolo sobre todos los demás usos.
- Evaluación y supervisión de la calidad y cantidad de los recursos hídricos de cada país (reconocido por el PAM-Fase II). Dicha evaluación es particularmente importante debido a que en numerosos países se están agotando y contaminando reservas subterráneas no renovables lo que permite prever numerosos conflictos. En estos casos es imprescindible plantear un uso sostenible del agua.
- Establecer diferentes calidades de agua según su uso sin que de ello se desprenda la posibilidad de que la polución dependa de la calidad.
- Optimizar el riego agrícola y las redes de distribución que actualmente tienen pérdidas medias del 25%.
- Establecer redes adecuadas de alcantarillado.
- Reutilización de las aguas depuradas para uso industrial, agrícola o recarga de acuíferos.
- Someter todos los proyectos de construcción de grandes infraestructuras —trasvases, pozos, pantanos, etc.—, la ocupación agrícola y la creación de nuevas zonas de desarrollo residencial o industrial, a un estudio de viabilidad a largo plazo.
8.2. La gestión integrada y sostenible del litoral
En la zona costera mediterránea concurren un conjunto de situaciones que requieren una actuación conjunta de todos los agentes que operan en la misma. La presión demográfica, urbanística, industrial, turística y de infraestructuras están haciendo desaparecer los lugares de mayor valor ecológico y provocando grandes desequilibrios que afectan al bienestar de las personas.
Las acciones prioritarias a realizar para conseguir una gestión integrada y sostenible del litoral, según las ONG del Mediterráneo, serían:
1. Mejorar el marco institucional para la gestión integrada y sostenible de las zonas costeras estableciendo agencias nacionales, regionales y locales para coordinar acciones que garanticen la cooperación entre los distintos organismos administrativos, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las ONG.
2. Establecer medidas reguladoras y legislativas más específicas y estrictas, promoviendo un Protocolo sobre la gestión integrada y sostenible de las zonas costeras dentro del Convenio de Barcelona; estableciendo o mejorando una ley de costas nacional que permita una gestión integrada y sostenible de las zonas costeras; aprobando planes regionales y locales de ordenación territorial del litoral en todos los países antes del año 2005.
3. Fijar medidas de protección limitando el crecimiento urbanístico en las zonas costeras, declarando como mínimo el 20% del litoral marítimo con figuras de protección estrictas; desarrollando el Protocolo de Zonas Especialmente Protegidas del Convenio de Barcelona y las ZEPIM (Zonas Especialmente Protegidas de Importancia Mediterránea) y aplicando los convenios internacionales (sobre la Biodiversidad, Ramsar, Berna, etc.).
4. Establecer bases de datos sobre las buenas prácticas y otros aspectos relacionados con la gestión integrada y sostenible de las zonas costeras que se realicen en la cuenca mediterránea pudiéndose utilizar las estructuras del PAM.
5. Creación de mecanismos financieros que permitan la aplicación de proyectos piloto concretos que sirvan de difusores positivos de la gestión integrada y sostenible de las zonas costeras. En la realización de estos proyectos debe buscarse la participación de todos los sectores implicados, fundamentalmente de las administraciones locales y las ONG.
6. Creación de un Fondo para la protección del litoral a nivel nacional y regional gestionado por organismos privados sin ánimo de lucro que percibirían fondos de impuestos adicionales de las actividades ligadas al desarrollo, de aportaciones de las administraciones, del público y de organismos internacionales.
7. Introducción de impuestos sobre los visitantes aplicados por las autoridades que deberían invertirse con carácter finalista en aquellos municipios que dispusieran de un plan de gestión integrada y sostenible de la totalidad de su municipio litoral.
8. Deberían declararse zonas prioritarias de actuación tales como: áreas de importancia ecológica que son sensibles (costeras y marinas), humedales, acuíferos costeros, acantilados y calas, zonas pobres en áreas urbanas y rurales, áreas costeras sometidas a la erosión, etc. Y promover las auditorías ambientales locales y la aplicación de la Agenda Local 21.
9. Reconocer el importante papel que juega la sociedad civil organizada en el contexto del desarrollo sostenible de las zonas costeras. Básicamente este papel de la sociedad civil se expresa a través de:
- el debate democrático,
- la concertación y la mediación, y
- la cooperación y la participación.
Y se ejerce a través de:
- la información,
- la concienciación,
- la formación,
- la gestión de proyectos y programas (nuevas formas de asociación) y
- la movilización de los recursos.
El papel de la sociedad civil es especialmente importante por su capacidad para influir en la toma de decisiones y por su participación activa en la realización de los proyectos de gestión integrada y sostenible de las zonas costeras.
10. Establecimiento de un Código de Buenas Prácticas para la gestión integrada y sostenible de las zonas costeras a aplicar por todos los agentes comprometidos, tanto públicos como privados.
11. Elaboración de informes anuales del estado del medio ambiente costero y sobre la implementación de instrumentos de evaluación, con una participación activa de la sociedad civil.
12. Fomentar la cooperación con la participación activa de las ONG que permita la estructuración de la sociedad civil a partir de la participación en la gestión de los proyectos en colaboración con otros sectores, especialmente con la administración local. Debería apoyarse la estructuración de los diferentes sectores en redes para facilitar el establecimiento de mediadores identificados y la fijación de prioridades en la toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional.
13. Desarrollar instrumentos jurídicos e institucionales que permitan la concertación entre los diferentes agentes que participan en la gestión integrada y sostenible de las zonas costeras, tales como los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la Agenda 21, las encuestas, los Consejos de Medio Ambiente locales, regionales y estatales, etc.
14. Favorecer el trabajo en redes de los actores de la sociedad civil para facilitar la emergencia de interlocutores claros y fijar las prioridades para la toma de decisiones a nivel local, regional e internacional.
15. Apoyo a las políticas municipales que permitan una gestión integrada y sostenible de las zonas costeras en diferentes aspectos:
a) Planificación: disponer de un plan de gestión medio ambiental municipal a partir de la aplicación de la Agenda local 21.
b) Turismo: disponer de un plan de acción para el turismo sostenible que contemple la preservación de los valores ecológicos, culturales, historico-artísticos y la defensa de la calidad medioambiental.
c) Puertos: disponer de auditorías ambientales y planes de gestión medioambiental en los que se dispongan instalaciones para la recepción y tratamiento de los residuos sólidos y líquidos de los barcos.
d) Urbanismo: planes de ordenación urbanística que incluyan las construcciones a más de 100 metros de la línea de costa, con alturas no superiores a tres pisos y evitando el efecto barrera en la primera línea de mar.
e) Infraestructuras: realizadas con EIA y evitando que se conviertan en barreras en las zonas costeras.
f) Suelo y bosque: programas de lucha contra la erosión y protección del bosque con aplicación de políticas de silvicultura y de planes de lucha contra los incendios.
g) Islas: realización de planes de planes integrados de gestión ambiental y programas de desarrollo sostenible.
h) Contaminación: programas de saneamiento de aguas residuales y de tratamiento de residuos sólidos y líquidos.
8.3. La lucha contra la desertización
La desertización, tal como se pone de manifiesto en ¡Error!Marcador no definido.el Convenio de Lucha Contra la Desertización y en el capítulo 12 de la Agenda 21, es uno de los problemas ambientales más graves que amenazan la fertilidad de la tierra y la seguridad alimentaria de la población. Su expansión se debe a causas climáticas y a las actividades humanas, tanto las realizadas en una zona concreta como las llevadas a cabo a nivel planetario —cambio climático—. Si bien algunas medidas deben ser adoptadas a nivel general otras deben tomarse a nivel regional, nacional o local. La lucha contra la desertización y las tareas para mitigar los efectos de las sequías exigen un tratamiento integrado de los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos. La desertización es un problema creciente en las regiones mediterráneas que es necesario afrontar con recomendaciones concretas y realizables, adaptadas a las características y situaciones ambientales, económicas, sociales, culturales, científicas, tecnológicas y políticas de cada país.
Para ello las ONG del Mediterráneo proponen las siguientes líneas de acción:
1. Aprobar a nivel de cada Estado una estrategia de lucha contra la erosión y la desertización a corto y largo plazo en el marco de un modelo de desarrollo sostenible. Esta estrategia debe inscribirse en el marco del Convenio de Lucha Contra la Desertización y el capíutulo 12 de la Agenda 21 y debe contar en su elaboración con todos los sectores afectados, especialmente las comunidades locales, las regionales, los expertos, los agricultores y las ONG.
2. Realizar programas a nivel nacional, regional o local, con la participación de todos los sectores implicados, especialmente las comunidades locales y las ONG, que tengn en cuenta:
- la preservación del medio ambiente para reducir la vulnerabilidad del suelo
- los medios necesarios para asegurar la aplicación de los derechos a la alimentación y a la salud,
- el fomento del empleo y de nuevos medios de subsistencia,
- la capacitación y la formación de los jóvenes y
- el apoyo a la sensibilización y a la educación de la sociedad.
3. Aplicar el principio de prevención en todas las políticas de lucha contra la erosión y la desertización, especialmente en las zonas poco o nada degradadas. Para ello debería tenerse en cuenta:
- la fragilidad de los suelos,
- la salinización,
- la sobreexplotación de las aguas subterráneas,
- la disminución de la productividad agraria,
- la pérdida de la cubierta vegetal,
- los costes socioeconómicos...
4. Garantizar la participación a todos los niveles —local, regional, nacional e internacional— y de todos los sectores de la sociedad a la hora de formular los programas. Han de establecerse los organismos necesarios para conseguir que la participación sea efectiva, sobre todo de las colectividades locales y de otros sectores de la sociedad, especialmente de las ONG. Deben participar las personas más directamente implicadas en la gestión, la utilización y las ventajas de los recursos. En el caso de la desertización, se trata de los pequeños agricultores —hombres y mujeres—, los pastores, los nómadas, etc. que están en contacto estrecho con la tierra. Los responsables locales, los jefes tribales, los funcionarios públicos son indispensables, así como los técnicos, los investigadores y las ONG.
5. Valorizar la experiencia local y el saber hacer tradicional, fomentando el desarrollo de la agricultura biológica, tendiendo a evitar el uso de pesticidas y utilizando técnicas respetuosas con la preservación del medio ambiente.
6. Poner a la disposición de los diferentes actores los resultados de las investigaciones para valorar sus ventajas. Promover los programas de formación de técnicos y agricultores sobre técnicas de cultivo biológico.
7. La reglamentación debe ser reforzada para limitar la utilización de pesticidas y productos agroquímicos.
8. Revisar el sistema ganadero basado en técnicas industriales, fomentando la cría extensiva, las razas autóctonas y, en general, sustituir la tendencia a la cantidad por la calidad.
9. Rechazar las técnicas transgénicas aplicadas a la producción animal y agrícola que pueden tener efectos imprevisibles e incontrolables. Por esta razón, las ONG hemos de contribuir a la información del público y hacer contrapeso a todas las campañas de publicidad engañosa que las multinacionales realizan sobre este tema.
10. Asegurar que los Planes de Acción contienen medidas concretas, tales como:
- creación de instrumentos financieros,
- introducción y recuperación de cultivos resistentes a la sequía y a la salinización,
- medidas destinadas a proteger los recursos naturales,
- diversificación de las fuentes de energía para evitar la utilización abusiva de la madera, fomentando especialmente el uso de la energía solar y eólica, y
- fomentar el diseño y aplicación de planes gestión integrada del agua para prever en años de abundancia de agua las posibles sequías futuras.
11.Conseguir que los Planes de Acción de lucha contra la erosión y la desertización estén incardinados con el resto de programas: seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza, la gestión integrada del agua, la protección de la diversidad biológica y el cambio climático.
12.Impulsar los acuerdos de colaboración entre los países donantes y los Estados afectados por la desertización, integrando dichos acuerdos en los programas de acción nacionales, definiendo muy claramente el papel de cada socio —instituciones, gobiernos donantes y ONG— de acuerdo con el papel que les ha sido confiado por el Convenio.
13.Garantizar la circulación constante de información entre todos los niveles. Los servicios de divulgación agrícola y las ONG pueden contribuir a reforzar las capacidades de la colectividad en materia de «programación participativa». Los conocimientos locales deben ser utilizados a escala regional y nacional. Los resultados deben ser transmitidos para asegurar la cooperación entre pueblos así como la gestión coordinada del medio ambiente regional.
14.Impulsar la sensibilización y la educación de los sectores implicados, con la participación de las ONG y de los mecanismos oficiales de formación mediante:
a) la organización de campañas de sensibilización destinadas al gran público y la participación en las actividades de educación y sensibilización,
b) la puesta a al día e intercambio de material educativo y de sensibilización del público en las lenguas locales,
c) la evaluación de las necesidades y elaboración de programas escolares apropiados, y
d) la divulgación, entre otras, de las medidas que permitan conservar los recursos naturales a través de una gestión integrada y sostenible de dichos recursos, incluidas las tierras agrícolas y los pastos, la cubierta vegetal, los recursos hídricos, la diversidad biológica, la promoción de fuentes de energía alternativas, en particular la solar, la eólica y la geotérmica, y favorecer la transferencia, adquisición y adaptación de tecnologías adecuadas para reducir la presión sobre los recursos naturales frágiles.
15.Proponer la coordinación de los Anexos I (África), III (Asia) y IV (Mediterráneo N) del Convenio de Lucha Contra la Desertización mediante la celebración de una Conferencia del Mediterráneo a celebrar en España, con el objetivo de intensificar la cooperación entre los países mediterráneos para combatir la desertización. Las organizaciones implicadas, tales como la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, se deberán asociar, conjuntamente con los representantes de los Estados, de las ONG, de las autoridades locales y regionales y, en la medida que sea posible, con los representantes del sector privado. Podría constituirse un CAR en el marco del PAM para favorecer esta coordinación.
8.4. La protección de la biodiversidad
Las ONG miembros de MED Forum, después del debate sobre el Convenio internacional sobre la Diversidad Biológica durante el IV Forum Ambiental del Mediterráneo, celebrado en Barcelona el 14 de diciembre de 1996 y en el que participaron numerosas ONG, centros universitarios e instituciones, han adoptado las resoluciones siguientes:
En relación a las Partes Contratantes:
1. La firma y ratificación del Convenio por parte de todos los Estados mediterráneos que aún no lo hayan firmado o ratificado.
2. La elaboración, de forma altamente participativa, de estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, garantizando que los temas y prioridades de la región del Mediterráneo sean incluidos y considerados de forma adecuada.
3. La integración de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y la repartición equitativa de los beneficios generados del uso de recursos genéticos, en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales, en la toma de decisiones a nivel nacional y en los planes de cooperación multilateral y bilateral, especialmente en sectores como la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo.
4. El cumplimiento por parte de cada gobierno de las siguientes obligaciones:
a) Identificación y seguimiento de los componentes de la diversidad biológica que sean importantes para su conservación y uso sostenible.
b) Identificación y seguimiento de los procesos y categorías de actividades que tengan, o puedan tener, efectos perjudiciales.
c) Organización y mantenimiento de una base de datos derivada de las actividades de identificación y seguimiento.
5. La introducción de los procedimientos adecuados y participativos que obliguen a la evaluación del impacto ambiental de los proyectos que puedan tener efectos perjudiciales y de los programas y políticas que puedan tener un efecto adverso importante.
6. La regulación, gestión o control de los riesgos asociados al uso y a la liberación de organismos vivos modificados que sean resultado de la biotecnología.
7. La participación y el acceso a la información de las ONG y de las poblaciones locales en la ejecución del Convenio.
8. La regulación nacional del acceso a los recursos genéticos, que tendrá que considerar, entre otras, las siguientes cuestiones: acuerdos de acceso, retorno de los beneficios, participación en la investigación y en sus resultados, y transferencia de tecnología.
9. El establecimiento de programas de cooperación relacionados con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, tanto a nivel gubernamental como no gubernamental, tomando en consideración las necesidades especiales de los países en vías de desarrollo.
10.La aportación por parte de los países desarrollados y de la Unión Europea de recursos financieros complementarios a los establecidos en el mecanismo financiero del Convenio, los cuales podrán ser utilizados por los países en vías de desarrollo mediante canales bilaterales, regionales o multilaterales de cualquier otro tipo, priorizando la región mediterránea y teniendo en cuenta las condiciones especiales y la vulnerabilidad del medio en estos países.
En relación al Convenio y a sus órganos:
11. La asignación a los países en vías de desarrollo de recursos financieros para los propósitos del Convenio y según sus prioridades, ya sea desde el propio mecanismo financiero interino del Convenio, desde el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF), o desde otros programas o instituciones internacionales, teniendo en cuenta tanto las necesidades de los gobiernos como las de las ONG y de las poblaciones locales.
12. La contribución a la articulación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, con otros acuerdos internacionales relevantes para la región como son el Convenio de la Lucha contra la Desertización y la Ley del Mar, así como acuerdos regionales de conservación como es el Protocolo desarrollado en el marco del Convenio de Barcelona, y con acuerdos en sectores como la agricultura, silvicultura, pesca, turismo y comercio, para lograr coherencia y máxima eficacia en su aplicación.
En relación a las propias ONG:
13. La participación activa en las negociaciones internacionales del Convenio y en particular en las reuniones de la Conferencia de las Partes y en las reuniones entre sesiones sobre ecosistemas marinos y costeros, biodiversidad y conocimiento de las comunidades indígenas y locales, para asegurar que su enfoque y resultados estén de acuerdo con las necesidades de la región.
14. Incluir en los proyectos desarrollados por las ONG del Mediterráneo los principios y enfoques del Convenio y promover proyectos de la sociedad civil que contribuyan a la puesta en marcha del mismo.
15. La conservación in situ, especialmente a través de las siguientes medidas:
a) Promoción de modelos de desarrollo sostenible, especialmente en zonas adyacentes a espacios protegidos.
b) Restauración y rehabilitación de zonas degradadas donde se haya reducido la diversidad biológica.
16. La promoción, preservación y mantenimiento de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las poblaciones locales, promoviendo su amplia aplicación, y fomentando la distribución equitativa de los beneficios que puedan derivarse.
17. La información, la sensibilización, la educación y la formación de los diferentes sectores de la sociedad en relación a las necesidades de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, y en especial del Convenio sobre la Diversidad Biológica, colaborando con los gobiernos y las organizaciones internacionales en el desarrollo de programas formativos, educativos y de concienciación pública.
8.5. El turismo sostenible en la cuenca mediterránea
El turismo masivo es en parte responsable de los problemas medioambientales que sufre actualmente el Mediterráneo derivados de la urbanización intensiva, pero no más que otras actividades económicas que se desarrollan en el litoral mediterráneo, como por ejemplo la industria.
Pero la actividad turística, si integra los criterios del desarrollo sostenible, es una de las actividades que mejor se adaptan al territorio y que puede contribuir a la preservación y gestión de los recursos que, de otra manera, podrían degradarse o, en última instancia, perderse. El turismo sostenible, además de ser económicamente viable, tiene que ser socialmente justo por lo que se refiere a la redistribución de la riqueza que genera.
Las acciones prioritarias a realizar para conseguir un turismo más sostenible en el Mediterráneo, según las ONG del Mediterráneo, serían las siguientes:
1. Potenciar la implementación de un turismo sostenible en todo el Mediterráneo. Las administraciones públicas, organismos internacionales, empresas, ONG y sociedad civil en general, cada cual desde sus respectivos ámbitos de participación social, deben acelerar este proceso. Para facilitar el necesario intercambio de información y experiencias en este campo, se propone la creación de un foro de debate en el marco del Plan de Acción del Mediterráneo (PAM) en el que estén representados al mismo nivel todos los sectores vinculados al turismo.
2. Evitar la masificación y la concentración turística respetando la capacidad de carga del territorio. Para conseguirlo el turismo debe ser planificado con criterios de sostenibilidad, para que sea ecológicamente viable a largo plazo y para que no provoque una desestructuración social allí donde se asienta.
3. Desarrollar políticas especiales de protección de la franja litoral, ya que es este reducido y frágil espacio el que sufre más los impactos negativos que produce el turismo. Se deben adoptar medidas de protección especiales en dos sentidos. Por una parte, potenciar definitivamente la creación de las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia Mediterránea (ZEPIM) del Convenio de Barcelona y, por otra parte, declarar en el litoral, según los diferentes ámbitos competenciales nacional, regional o local, espacios protegidos con diferentes grados de protección y en un marco de ordenación del territorio, tanto de los espacios sin urbanizar como de los urbanizados.
4. Diversificar y diferenciar los destinos turísticos huyendo de la estandarización, potenciando las singularidades de cada destino turístico y renovando la oferta existente de sol y playa, que es y seguirá siendo una pieza clave en la oferta turística del Mediterráneo. Para realizar este giro, tienen que jugar un papel fundamental las comunidades locales. Entendemos que el desarrollo de las Agendas 21 Locales es el mejor instrumento de participación de toda la sociedad civil en la planificación y gestión del territorio, por ello, las administraciones estatales y regionales deben poner en marcha planes de ayuda técnica y financiera para que todas las administraciones locales desarrollen su propia Agenda 21.
5. Evitar el reduccionismo «alojamiento = destino turístico» ofreciendo productos turísticos integrados de interés cultural y paisajístico abiertos a la región y a la sociedad, incorporando las áreas interiores y evitando especialmente la creación de complejos turísticos cerrados en la costa y la privatización del litoral. Además, la oferta de alojamiento debe recualificarse potenciando el alojamiento turístico no masivo, singular, menos consumista de recursos y más integrado en el territorio y la cultura local.
6. Adecuar la oferta de equipamientos y productos turísticos para reducir la estacionalidad. El patrimonio arqueológico, urbano, artístico y natural del Mediterráneo tienen un potencial enorme para facilitar la reestructuración de la oferta. En esta línea, exposiciones, festivales, ferias, animación de monumentos, museización de determinados establecimientos y apertura de nuevos museos vivos, son fórmulas que contribuyen al escalonamiento de la frecuentación, siempre que se adopten medidas de sostenibilidad que eviten la banalización o deterioramiento de las bases culturales que pretendemos potenciar.
7. Potenciar las estancias largas y evitar las visitas relámpago especialmente cuando los desplazamientos son a larga distancia. Para ello es necesario un cambio en la oferta, que requiere el concurso de los grandes operadores europeos, un cambio en las posibilidades vacacionales, al que aun siendo muy difícil no se debe renunciar, y un cambio de hábitos, al que las ONG pueden colaborar desde su papel sensibilizador.
8. Valorizar las potencialidades naturales del Mediterráneo. La nueva oferta ha de potenciar la asociación entre cultura, naturaleza, ocio y turismo para que el territorio sea el protagonista esencial de la oferta turística. Se propone que, con el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 como referencia, se defina una estrategia mediterránea para la diversidad biológica y paisajística. Para evitar duplicidades se propone poner a debate las directrices de otras estrategias en marcha como la Estrategia Paneuropea para la Diversidad Biológica y Paisajística impulsada por el Consejo de Europa. En este proceso deben intervenir representantes de toda la sociedad y, por supuesto, las ONG.
9. Exigir transparencia en todas las decisiones referentes al turismo, dada la magnitud de las repercusiones a todos los niveles que tiene esta actividad en el Mediterráneo. Las ONG requerimos que se haga pública toda la información entorno al desarrollo del turismo para que pueda ser puesta a debate públicamente. También exigimos un papel de igual a igual en los foros de discusión de turismo en el Mediterráneo para que la planificación y gestión del turismo sea realmente un proceso participativo de toda la sociedad.
10.Informar, sensibilizar y educar a los diferentes colectivos que operan en los destinos turísticos del Mediterráneo —residentes, sectores productivos, gestores públicos, turistas— sobre los cambios experimentados por la demanda y las especificidades del turismo sostenible. Se trata, en definitiva, de difundir los valores de la sostenibilidad. En ello pueden y deben jugar un papel destacado las ONG.
11.Potenciar programas de sensibilización por un turismo sostenible en el Mediterráneo, como ha sido el «MED Project ULIXES 21», que incida en la educación ambiental de los turistas tanto en sus puntos de origen como en los destinos. Estos programas deben recibir apoyo institucional y de los agentes económicos.
12.Difundir los ejemplos de turismo sostenible, tanto a nivel amplio como focalizado, para motivar su implantación a nivel general. «ULIXES 21» establecerá un programa desde una red de ONG como es MED Forum para difundir estos ejemplos por todo el Mediterráneo a través de su pagina web.
8.6. La gestión de los residuos
(Pendiente de desarrollar)
8.7. Otras acciones necesarias: la energía, el transporte, la contaminación atmosférica, los bosques, los incendios, etc.
(Pendiente de desarrollar. Este punto se ha dejado abierto para que cualquier ONG o experto realice propuestas de líneas de acción a través de una comunicación por escrito —máximo una página— a la comisión redactora internacional de la Agenda 2000 con las propuestas numeradas de forma similar al resto de apartados de este capítulo).